En el marco de la gestión del presidente Daniel Noboa, se han implementado dos medidas que atentan contra el derecho a la salud de los ecuatorianos: el recorte del presupuesto en salud y él des pido de trabajadores, incluyendo profesionales de los servicios de salud dentro de los 5.000 primeros despidos. Estos despidos, sea por supresión de puestos o por terminación de nombramientos provisionales de profesionales de la salud sin motivación, evidencian que el gobierno nacional no cumple su palabra de no incluir profesionales de salud y educación en los despidos. En un contexto de falta de médicos en los servicios públicos y a la grave situación de los hospitales, resulta un contrasentido los despidos ejecutados.
Estas políticas no solo profundizarán el gasto de bolsillo de la población, sino que agravan las condiciones de vida de los ecuatorianos, especialmente de los más pobres. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2023), Ecuador tiene uno de los gastos de bolsillo en salud más altos de la región (37%), superan do a países como Chile (28%) y Colombia (31%). Además, se estima que para 2025, más del 25% de la población seguirá teniendo acceso limitado o nulo a servicios médicos básicos (CEPAL, 2024).
Si el gobierno persiste en la eliminación arbitraria de puestos y el despido de profesionales con nombramientos provisionales o contratos temporales a repetición, incumple su promesa de no afectar al sector sanitario y educativo. Esta medida no solo debilita el sistema de salud, sino que precariza el empleo sanitario y perpetúa la inestabilidad laboral.
Exigimos al Gobierno y a la Asamblea Nacional:
- Cumplimiento de la asignación del 4% del PIB del presupuesto estatal para la salud, conforme lo establece el Artículo 32 de la Constitución del Ecuador, para garantizar una atención sanitaria universal y de calidad.
- Suspensión inmediata de los despidos y la convocatoria a concursos públicos para regularizar plazas con nombramientos provisionales y contratos a repetición, evitando que los puestos de salud sean utilizados como botín político.
- Publicación urgente del Reglamento a la Ley de Carrera Sanitaria, cuyo plazo de publicación venció en febrero del 2024, para garantizar transparencia en la asignación de plazas y la ejecución de concursos que cubran las vacantes existentes.
La salud es un derecho fundamental, no un privilegio. Exigimos políticas públicas que prioricen la vida y el bienestar de los ecuatorianos.
Dr. Juan Pasquel
Presidente del Colegio de Médicos de Pichincha