El exceso de médicos en el Ecuador: entre la cantidad y la calidad
Ecuador enfrenta una paradoja sanitaria. Según los estándares de la Organización Mundial de la Salud, el país supera holgadamente el umbral mínimo de 25 médicos por cada 10.000 habitantes, ubicándose en un promedio cercano a 27 profesionales. A primera vista, esto sugiere un logro: hemos formado suficientes galenos para cubrir necesidades básicas. Sin embargo, la suficiencia numérica no equivale a un sistema de salud robusto. Uruguay alcanza 50 médicos por cada 10.000 habitantes y Costa Rica 29, pero la diferencia no es solo cuantitativa: en esas naciones la distribución es equitativa, la calidad formativa es homogénea y el acceso universal es real. Ecuador tiene muchos médicos, pero mal distribuidos, heterogéneamente formados y frecuentemente subempleados.
El problema de fondo radica en la proliferación descontrolada de facultades de medicina.
Actualmente, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) reporta 22 carreras de Medicina acreditadas a nivel nacional. En términos formales, todas cumplen estándares técnicos. Pero la acreditación institucional no garantiza competencias individuales. La evidencia más cruda de esta brecha es el examen de habilitación profesional que rinden los internos rotativos al finalizar su formación. Universidades que presumen estar acreditadas —incluso internacionalmente— tienen tasas de reprobación que superan el treinta o cuarenta por ciento. No es un problema de excepción: es sistemático.
Existen, por supuesto, casos de excelencia. La Universidad Internacional del Ecuador, por ejemplo, comunica que el cien por ciento de sus estudiantes aprueba el examen de habilitación. Otras instituciones, como la PUCE y la UDLA, han obtenido acreditaciones internacionales ante la Federación Mundial de Educación Médica, lo que garantiza que sus egresados puedan convalidar títulos en el extranjero. Pero estos son focos de calidad en medio de un panorama heterogéneo. Mientras coexistan facultades que entregan títulos a profesionales que luego reprueban masivamente los exámenes de habilitación, el sistema estará legitimando una ficción: la del médico graduado, pero no competente.
La consecuencia es perversa. El mercado se satura de profesionales que no logran acceder a plazas de especialización ni a empleos dignos, engrosando las filas del desdesempleo o la precarización. Simultáneamente, hospitales y centros de salud enfrentan déficits de personal calificado en zonas rurales y periféricas. Sobran médicos en las ciudades; faltan en los territorios. Sobran títulos; faltan competencias verificables.
Frente a este escenario, la solución no es cerrar facultades por decreto, sino aplicar una política de restricción inteligente basada en resultados. El Consejo de Educación Superior debe limitar los cupos de ingreso en aquellas universidades cuyos egresados obtengan consistentemente altos porcentajes de reprobación en el examen de habilitación. No se trata de castigar, sino de proteger a los futuros estudiantes de una inversión que no tendrá retorno y, sobre todo, de proteger a los pacientes de una atención deficiente.
Pero la decisión no puede recaer únicamente en las autoridades educativas. Es el Ministerio de Salud Pública, como rector del sistema sanitario nacional, quien debe definir cuántos médicos requiere el país cada año. Esta definición debe basarse en estudios rigurosos de necesidades poblacionales, recambio generacional, metas de cobertura y proyecciones de expansión de la red pública. Actualmente, la oferta de nuevos profesionales responde exclusivamente a la lógica de mercado de las universidades, no a una planificación sanitaria. El resultado es una sobreoferta que deprecia el trabajo médico y deteriora la calidad.
La experiencia internacional es clara: ningún sistema de salud exitoso ha delegado la planificación del talento humano exclusivamente a las instituciones formadoras. Chile, Uruguay y Costa Rica cuentan con mecanismos de concertación entre ministerios, universidades y gremios. Ecuador debe transitar hacia ese modelo. No se trata de formar menos médicos, sino de formar los médicos que el país realmente necesita, con la calidad que los pacientes merecen. El título universitario no puede seguir siendo un habilitante automático. La habilitación debe ser el resultado de una formación que demuestre, en los hechos, haber alcanzado las competencias.
El desafío es complejo, pero ineludible. Mientras no exista una política nacional que vincule cupos universitarios con resultados de aprendizaje y necesidades sanitarias, seguiremos atrapados en la paradoja: muchos médicos, pero no los suficientes; muchos graduados, pero pocos verdaderamente competentes.